César Cabrera, líder máximo de la Confederación Nacional del Seguro Campesino- Coordinadora Nacional Campesina, CONFEUNASSC-CNC informó al país que el 15 de abril del 2004, se realizará la Movilización Nacional Campesina en contra del TLC, en el marco de la Campaña Regional y Continental en contra del ALCA/ TLCs; La concentración y marchas se realizarán en las tres principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca.

Cesar Cabrera, critico durante el proceso de negociación que impulsa el grupo de negociación, a quienes califico de mercaderes de la vida, para el dirigente campesino con la aplicación del TLC se pretende liquidar a más de 3 millones y medio de campesinos, pequeños y medianos productores del país, la negociación del TLC, al igual que se hizo con el MERCOSUR, se esta negociando a espaldas del pueblo, pese a que se compromete la vida de mas de 12 millones de ecuatorianos.

El Gobierno de Lucio Gutiérrez, carece de legitimidad legal y moral como para representar en las negociaciones y menos aun negociar en nombre de los ecuatorianos/as; pues es cuestionado por el posible apoyo a su campaña de dineros ilícitos, , de socapar al capitán Galindo, ex Gerente de PACIFICTEL, de haber entregado jugosos contratos al diputado Almeida, a lo que se suma el haber llegado un acuerdo con el Partido Social Cristiano (PSC) para entregar PACIFICTEL, las licitaciones petroleras y empresas eléctricas en manos del PSC, como pago al favor de tener un poco mas de tiempo en el cargo de presidente de la republica.

Finalmente el líder campesino expresó que frente a todos estos hechos la CONFEUNASSC_CNC, mantienen su posición de que la Agricultura y servicios salgan de las negociaciones del TLC e impulsar políticas agropecuarias a fin de fortalecer al sector campesino y a los pequeños y medianos productores, de igual forma Ratifican el pedido de renuncia del Presidente de la República, que lo hicieron en el mes de Diciembre y de esta manera evitar un colapso de la institucionalidad democrática.


COMISION DE PRENSA

CONFEUNASSC.



El destino de Gutiérrez en manos Socialcristianas

Las investigaciones sobre los orígenes de los financiamientos de la campaña del coronel Lucio Gutiérrez configura un escenario donde sitúa al coronel en manos socialcristianas, dijo Edgar Ponce, Secretario Ejecutivo de ENLACE: Red nacional de los Trabajadores del Sector Eléctrico.

Todo se está encaminando a conducir las definiciones finales hacia el Congreso Nacional. Por ello el Ing. Febres Cordero plantea que habría que interpretar la Constitución, pues existiría una contradicción entre la Ley de Elecciones y la Carta Magna. Lo quieren es colocar al presidente en un hilo para obligarlo a negociar su permanencia en Carondelet.

La Izquierda Democrática no poseería otra opción que votar por la destitución ya que ha sido ella la que ha impulsado las investigaciones. El MPD y Pachacutik no tendrían opción alguna y su voto igualmente sería por la destitución, la centro izquierda estaría abocada a una sola vía.

Las fuerzas que manejarían las decisiones serían: el PSC, la DP, el PRIAN y el PRE. Ellos tienen dos opciones, pueden votar por la destitución como no pueden hacerlo, tendrían argumentos para los dos casos.

Por tanto, Gutiérrez estaría atado de antemano a los resultados de las negociaciones que plantearían estas fuerzas políticas. La derecha política colocaría al coronel en paredón y este estaría a merced de su pulgar, si se inclina para abajo a para arriba.

Ubiquemos este escenario en los terrenos preliminares de las elecciones seccionales y podremos discernir que se estaría negociando o cuales serían las exigencias de la derecha para sostener al presidente. No solo se trata de poner en el tapete de las negociaciones sus grandes intereses en juego, se trata a la par de establecer un mapa político que garantice su dominio.

La ley de Elecciones es clara, establece que si se comprueba que existió injerencia extranjera en el financiamiento de la campaña del Presidente, este debe ser destituido por el TSE. El argumento del Ing. Febres Cordero , de contradicciones con la Constitución, no es otra cosa una maniobra "inteligente" que le permitiría colocar al coronel en situación de rehén, maniobras que los socialcristianos son expertos y poseen mucha experiencia.



Pronunciamiento de la CEDHU frente a la coyuntura carcelaria de Ecuador

Frente a la actual crisis en las cárceles ecuatorianas, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos considera que:

El actual estado de tensión en las cárceles pudo haberse prevenido de no aprobarse medidas que responden a una filosofía del endurecimiento, sin pensar en las condiciones de reclusión ni las consecuencias que generarían.

Una muestra de esta "filosofía del endurecimiento" es la aprobación de la "detención en firme" (Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, vigente desde enero de 2003), que impide la aplicación del Art. 24, Num. 8 de la Constitución, el cual establece la prescripción de la prisión preventiva para las personas que no hubieren obtenido sentencia en seis meses (si el delito se pena con prisión) o un año (si el delito se sanciona con reclusión). Una consideración fundamental para la aprobación del Art. 24 era que el 70% de los reos en las cárceles ecuatorianas no contaba con sentencia. Es verdad que este artículo debía normarse con precisión, a fin de que los reos que no se presentaran a las audiencias para dilatar el juicio y salir libres no pudieran acogerse a él, pero no quedar sin efecto.

Otro ejemplo es la reforma del Art. 33 del Código de Ejecución de Penas, que eliminó el "dos por uno", por el cual los internos que habían demostrado buena conducta obtenían una reducción de 180 días anuales desde la fecha de su detención. Este artículo buscaba la descongestión de las cárceles ecuatorianas, uno de los mayores problemas de los centros de detención en el país. Sin embargo, el remedio ha sido peor que la enfermedad: la "detención en firme" ha logrado, en un solo año, abarrotar las cárceles y ponerlas en el actual estado de tensión.

Si bien la CEDHU está consciente de que la crisis actual se origina en un problema estructural del sistema carcelario, que debe resolverse en lo mediato, como mecanismo urgente para resolver la coyuntura carcelaria propone estas medidas:

La repatriación de los internos extranjeros. Sobre este tema existen ya antecedentes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha afirmado que a inicios de año fueron repatriados 10 reos españoles. El mecanismo para la repatriación, entonces, ya es operativo, sin embargo, es importante que exista una normativa para su aplicación ágil.

La aplicación un sistema de rebaja de penas con base en la buena conducta de los reos.

La realización de una auditoria independiente sobre los bienes incautados al narcotráfico, ya que, según la ley, una parte del dinero obtenido de su remate debe aportar al presupuesto del Sistema Nacional de Rehabilitación, cuyo déficit actual es otra de las causas de la actual situación de tensión. Sin embargo, muchos de esos bienes, en lugar de ser rematados, han sido entregados en comodato a la policía.
Hna. Elsie Monge

DIRECTORA EJECUTIVA

CEDHU


SITUACION DE EMERGENCIA EN SARAYAKU

EL JEFE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FFAA OCTAVIO ROMERO AMENAZA A LA COMUNIDAD DE SARAYAKU CON USAR LA FUERZA SI LA COMUNIDAD NO PERMITE EL INGRESO DE LA PETROLERA CGC. ADEMAS LA COMPAÑIA ITALIANA AGIP-ENI HA INICIADO EL PROCESO DE PERFORACION DE UN POZO CERCA DE SARAYAQUILLO, A ESCASOS MINUTOS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN UNA RESERVA TERRITORIAL CONSIDERADA SAGRADA.SE PREVÉ UN ENFRENTAMIENTO DIRECTO ENTRE LA POBLACIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD Y EFECTIVOS DEL EJERCITO ECUATORIANO, ADEMAS DE GUARDIAS PRIVADOS DE LAS COMPAÑIAS. DEBEMOS RESPALDAR LA LUCHA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LAS TRANSNACIONALES PETROLERAS. POR ENDE, CONVOCAMOS ESTE DIA MARTES 13 DE ABRIL DEL 2004 A LS 4PM EN EL AUDITORIO 1 DE LA TORRE 1 A UNA CONFERENCIA EXPLICATIVA SOBRE LA SITUACION DE LA COMUNIDAD, Y LAS MANERAS EN LAS CUALES PODEMOS APOYARLA DESDE QUITO. LA COMUNIDAD ESTÁ EN EMERGENCIA MAXIMA, PERO CON BUEN ANIMO PARA RESISTIR ESTA AMENAZA. NO PODEMOS DEJAR DE APOYARLA

!!MINGA SARAYAKU KAPARIK


Homenaje a Eduardo Delgado

Jueves, 15 de Abril 04, 17h00 en Teatro Nacional CCE

Amigas y amigos:

Me adhiero integramente a la propuesta de varios sectores del país de reunirse para expresar el cariño y reconocimiento al trabajo y la valía humana del "taita" y "máma" que es Eduardo Delgado.

Le dije a César Neto ayer en el aeropuerto que no podré estar presente, que una delegación de la APDH estará allí con toda seguridad, y con Anaité y Fidel Narváez velaremos porque la compañía de todas y todos brinde el abrazo sin fin al sacerdote de sandalia y alpargata, no de anillos de oro ni de te-déums y cocteles episcopales con los dueños del país.

Eduardo recuperó la lateralidad femenina en el hombre: la ternura es no solo un derecho de los seres humanos, y los varones a recuperarse como especie, sino un arma política en medio de la incertidumbre dejada por elites ciegas, presidentes a la altura de sus narco-mentirillas, clérigos que adoran al Becerro de Oro.

Eduardo es, por ello, taita y máma, madre nuestra, y no solo padre nuestro, hermano y ñaño de sueños y dolores.

Que el mejor reconocimiento sea para Eduardo dejar la dispersión, la desunión y el avanzar juntos y juntas. El desafío es presentarnos ante el país y el mundo, con Eduardo y todas/todos, listos para decirle a Febres Cordero y todas las rutas del mismo stato quo que crucifica a tantos, que no podrán ya recambiar los alfiles y peones, que tendrán que contar al frente con una alianza de indios, mestizos, obreros, mujeres, ecologistas, defensores, militares rebeldes que también fueron traicionados por el que está detrás de las maniobras eclesiales para presionar por el silencio -imposible- de Eduardo. Que no valen alternativas mediatizadas de "sucesión presidencial" que ya preparan, entre ellos, para ellos.

Que la incertidumbre debe llegar a su fin, y con Eduardo y todas, volver esta vez sin gilerías ni sectarismos, a construir un proyecto de poder propio, nuestro, nacional y regional, de pueblo, de sandalia y alpargata.

Estoy en la Venezuela Bolivariana, en los actos de masas de cientos de miles que corean con centenares de latinoamericanos y europeos, que América Latina le dijo "fin" al fin de la hisoria. Aquí estamos ecuatorianas y ecuatorianos que acompañamos, desde la distancia, a ustedes, a Eduardo, al hermano que convirtió la ternura en desafío político.

Un abrazo cálido para él, para todas y todos en Ecuador. Sumen, por favor, nuestra adhesión pasional al acto del 15.

Alexis Ponce

APDH

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De Pacifictel a Mario Puzo

Editorial - Quincenario Tintaji

Miércoles 14 de Abril de 2004

La convivencia en el gobierno entre el Partido Social Cristiano, el Partido Sociedad Patriótica, la familia Febres Cordero y la familia Gutiérrez Borbúa comenzó a tener problemas.

No es la primera vez que el Partido Social Cristiano y la familia Febres Cordero tienen problemas en su convivencia con otro partido o familia en la conducción de un gobierno nacional. Antes ocurrió con la familia de Jamil Mahuad y después con la de Gustavo Noboa.

Como en todas las novelas que se exhiben por televisión, la trama es similar: una luna de miel de piropos e intercambio de cortesías, una pre (sin alusión a Abdalá Bucaram) ruptura con intercambio de acusaciones, y un posterior quiebre que tiene como consecuencia algún desterrado que no pertenece a la familia Febres Cordero.

Todos los integrantes de las familias disfrutan de la luna miel mientras dura, después a unos les tocará buscar dónde vivir en el futuro y a otros una nueva familia para iniciar un nuevo proceso de convivencia.

Las denuncias de corrupción en Pacifictel se presentan como el entredicho mayor entre las familias que hoy gobiernan el país y amenaza con desembocar en una pre (sin alusión a Fernando Larrea) ruptura que podría provocar consecuencias impredecibles.

Aunque la realidad del país no es una telenovela es necesario asumirla como un programa grotesco de TV para no enfermarnos de rabia, aunque no vendía mal una epidemia de indignación de vez en cuando.

El Partido Social Cristiano y León Febres Cordero, construyen el poder sobre los gobiernos y los diferentes poderes del Estado que logran controlar mediante diversos acuerdos en los que casi todos los sectores caen a su turno. Es la capacidad propia para moverse en el lodo de la política ecuatoriana y la incapacidad e ingenuidad ajena para moverse en el fango sin salir embarrado. Casi todos a su turno caen en las redes socialcristianas creyendo que saldrán ilesos y ayudan a consolidar el poder real y simbólico de Febres Cordero.

En todo caso, las denuncias sobre corrupción en Pacifictel presentadas por el ex presidente y el PSC en los grandes medios abren varias interrogantes que tal vez algún día puedan encontrar respuesta.

¿Qué intereses reales se esconden detrás de las denuncias? ¿Cuáles son las diferencias entre los intereses de Febres Cordero y los de Lucio Gutiérrez?

¿Las denuncias son parte de un fuego de artificio para acelerar la privatización? ¿Serán utilizadas para chantajear al gobierno así entrega Pacifictel a sectores socialcristianos, como ocurrió con Emelec? ¿Son parte de un chantaje para obtener privilegios en la alianza de gobierno? ¿Estamos frente a la posibilidad de una ruptura o es solo una escaramuza? ¿Podremos encontrar las respuestas en "El Padrino" de Mario Puzo?


URGENTE FSA: PLAZO PARA INSCRIBIR EVENTOS

Estimadas/os:

El plazo para la inscripción de iniciativas autogestionadas en el Foro Social Américas se ha AMPLIADO HASTA EL 30 DE ABRIL.

Esta extensión responde a numerosos pedidos de quienes tienen propuestas en camino y requieren algo más de tiempo para darles forma. La inscripción se realiza a través del sitio web  http://www.forosocialamericas.org.

Un criterio central en este proceso de construcción colectiva del programa, es el de propiciar articulaciones y convergencias. Por ello, tras esta primera fase de inscripciones se abrirá un período de consultas e intercambio orientado a la convergencia de iniciativas, para luego confirmar los eventos en su formato definitivo, en los casos en que se hayan producido coordinaciones o fusiones. Con esta finalidad, la información estará disponible oportunamente en el sitio web.

Les alentamos entonces a inscribir a la brevedad posible sus propuestas, presentando, de ser el caso, un esquema básico o preliminar, que luego podrá ser afinado o complementado para su versión definitiva.

Les pedimos difundir ampliamente en sus respectivos entornos esta noticia.

Solidariamente,

Magdalena Leon T. Sally Burch

Comisión Organizadora 1er FSA

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W i ll a n a k u y

Órgano de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI-Perú

Versión electrónica: Año 1, No.12, 06 de abril del 2004

PUEBLOS INDÍGENAS EXPRESAN LA VERDAD SOBRE CONAPA

1. Sobre la crisis de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA):

La Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú, COPPIP ratifica la Declaración Pública de los Pueblos Indígenas del Perú ante la crisis institucional de la CONAPA, de agosto del 2003, donde señalamos que la CONAPA no representa la aspiración de nuestros pueblos y no estamos dispuestos a participar en su reconsideración por los siguientes hechos:

- Es un organismo ineficiente.

- No tiene jerarquía institucional.

- Sus decisiones no obligan a nadie.

- Carece de personería jurídica y presupuesto.

- Toma decisiones a espaldas de los pueblos indígenas.

- Ha perdido legitimidad.

2. Sobre el fracaso del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos (PDPIA), patrocinado por el Banco Mundial.

Ratificamos nuestras anteriores denuncias acerca del rotundo fracaso del PDPIA, proyecto piloto que cuenta con un financiamiento de cinco millones de dólares del Banco Mundial, por las siguientes razones:

- Incapacidad política e institucional de sus actuales ejecutores.

- Se ha convertido en la caja chica del gobierno para contratar personal incompetente allegado a la Primera Dama y al partido de gobierno.

- El Banco Mundial tiene una corresponsabilidad debido a que se ha hecho de la vista gorda ante la pésima conducción del gobierno y no ha ejercido la debida vigilancia para asegurar la participación indígena, incumpliendo sus propias directivas para este tipo de proyectos.

El Proyecto se inició el 2000 y su plazo de ejecución vence en junio de este año, luego de lo cual deberá devolverse lo no gastado y acarrearse las sanciones por su no ejecución. En un país con grandes necesidades por parte de los pueblos y comunidades indígenas, esta situación es un escándalo de grandes proporciones.

Hemos planteado con insistencia relanzar el PDPIA y adoptar dos medidas de emergencia: crear una unidad ejecutora para su manejo más eficiente y menos burocrático, y conformar una comisión de vigilancia de carácter tripartito con participación indígena, del Estado y del Banco Mundial. Pero el gobierno nunca ha mostrado voluntad política ni transparencia para conducir este proyecto en coordinación con los beneficiarios.

Por ello reiteramos nuestro acuerdo de Asamblea Nacional del 29 de octubre del 2003, para que se corte de manera definitiva el PDPIA auspiciado por el Banco Mundial, por atentar contra la dignidad de los pueblos indígenas y servir únicamente para la corrupción y malversación por parte de los funcionarios del entorno de la señora Eliane Karp.

Como pueblos indígenas y supuestos beneficiarios del PDPIA, exigimos una INVESTIGACIÓN PROFUNDA de todo lo ejecutado por dicho proyecto, la determinación y sanción a los responsables de los manejos irregulares, y la devolución del dinero gastado de manera irresponsable a nombre de los beneficiarios.

3. Creación por ley de un Sistema de Institucionalidad Pública para Pueblos Indígenas

Demandamos a las autoridades la promulgación de una ley que cree un sistema institucional público para los pueblos indígenas, a fin de evitar manejos irregulares de recursos destinados para los pueblos indígenas. El sistema debe comprender:

- Un organismo público descentralizado (OPD) en reemplazo de la Secretaría Ejecutiva de CONAPA, con personería jurídica de derecho público; autonomía técnica, administrativa, económica y financiera; pliego presupuestario propio; y la posibilidad de optar por el régimen económico y laboral privado.

- Un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos, en reemplazo del PDPIA, que implique una gestión compartida entre el Estado y los pueblos indígenas; un Consejo Consultivo con participación del Estado, la cooperación técnica y los pueblos indígenas, funciones de monitoreo y evaluación; y una entidad ejecutora con personería jurídica propia y autonomía financiera.

- Un verdadero espacio de concertación Estado - Pueblos Indígenas, en reemplazo de la CONAPA, con funciones de resolver conflictos, diseñar políticas públicas, formular normas, y efectuar balances y seguimiento de las políticas. Con representación paritaria y legítima, presencia multisectorial del Estado, toma de decisiones por consenso, negociación abierta y transparente, carácter vinculante de sus acuerdos, descentralizada, y con capacidad técnica y logística.

4. Demanda de Acción Popular presentada por las organizaciones indígenas

En un acto de singular trascendencia histórica, la COPPIP inició el 29 de octubre del año pasado una demanda de Acción Popular contra la Presidencia del Consejo de Ministros (Expediente 02406-2003), a fin de declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de las normas sobre la CONAPA y ordenar la inaplicación de las mismas.

La demanda se sustenta en lo siguiente:

- Incumplir la obligación del Estado de establecer entidades de política indígena.

- Transgredir los derechos a:

. identidad étnica y cultural,

. existencia legal, personalidad jurídica y autonomía,

. consulta y participación.

- Imponer criterios y procedimientos para que los pueblos elijan sus representantes ante las instituciones públicas.

- Desnaturalizar el derecho de representación a través de la CONAPA.

(Para mayor información, comunicarse con COPPIP, Lima


 http://www.conacami.org

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México D.F. Miércoles 14 de abril de 2004


EL CINISMO DE BUSH


El mandatario estadunidense, George W. Bush, se ostentó ayer, durante una rueda de prensa televisada, como el dirigente de una potencia "liberadora" y pretendió convencer a la opinión pública de su país de que su objetivo es constituir un Irak "independiente, libre y seguro" como parte de su guerra contra el "terrorismo internacional" y de sus esfuerzos por proteger la seguridad y la vida de sus propios conciudadanos.

Además, para afrontar la terrible y cruenta escalada de violencia que actualmente tiene lugar en diversos puntos de esa nación árabe -tanto en el área de Fallujah, de mayoría sunita, como en lo concerniente a la revuelta chiíta en el sur del país-, Bush culpó nuevamente a los "remanentes" del régimen de Saddam Hussein y a terroristas islámicos de iniciar tales agresiones, pero nada dijo sobre la devastación criminal que el ejército estadunidense ha desatado en esas zonas con resultado de centenares de civiles inocentes muertos. Tan sólo esa omisión, por principio de cuentas, refuta la afirmación de Bush de que su administración no es "imperialista", pues es de suyo conocido que las recientes revueltas populares no son maniobras de unos cuantos insurrectos, sino la confirmación de que amplias franjas de la población de Irak repudian la ocupación de su país y están determinadas a echar al invasor de su patria.

En este sentido, las promesas de Bush de entregar la "soberanía" de Irak a los iraquíes el próximo 30 de junio no son sino retórica. En primer término, el consejo de gobierno formado al amparo de las fuerzas ocupantes no puede considerarse representativo del pueblo de Irak, por lo que la entrega del poder a esa entidad títere aparece, tan sólo, como una suerte de maquillaje político para hacer creer que ese país árabe ha retomado las riendas de su destino y para enmascarar la permanencia de la ocupación militar y del pillaje de los recursos naturales iraquíes a manos de corporaciones estadunidenses, muchas de ellas cercanas a Bush y su clan.

Por otra parte, nada dijo el presidente de Estados Unidos sobre un eventual retiro de sus ejércitos de Irak. Por el contrario, afirmó que, de juzgarlo necesario, ordenará el incremento del número de soldados estadunidenses en esa devastada nación. ¿Cómo puede hablarse de entrega de "soberanía" mientras el país siga en manos del invasor? ¿Qué clase de gobierno "democrático" será aquel que basa su legitimidad, no en la voluntad libremente expresada de su pueblo, sino en los dictados de una potencia extranjera apoyada en el poder militar? Para colmo del cinismo, Bush afirmó que Irak elegirá una asamblea a más tardar en enero próximo y que será en diciembre de 2005 cuando finalice el paso "de la dictadura a la democracia". Con ello, no sólo enfatizó que al menos por los próximos 20 meses se mantendrá el actual estado de cosas, es decir, la dominación angloestadunidense sobre Irak, sino que dejó claro que las fuerzas armadas de Estados Unidos no abandonarán el país árabe hasta no haber modelado el gobierno, las leyes y las instituciones iraquíes según los designios de la Casa Blanca y de los grandes capitales estadunidenses.

Sin embargo, en las condiciones actuales nada indica que la resistencia iraquí vaya a menguar, ni tampoco parece viable que se cumplan los plazos de la "transición" señalada por Bush. Por el contrario, el escenario en Irak -el propio mandatario estadunidense indicó que ha autorizado el uso de una "fuerza decisiva" para contener la presente insurrección- podría deteriorarse aún más y convertirse, con impredecibles consecuencias para el pueblo iraquí y para la humanidad en su conjunto, en un incendio incontrolable y en una catástrofe humana.

Pese a las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca, la única solución viable, realmente liberadora y democrática para devolver la paz a Irak y la seguridad al mundo es el retiro inmediato de los ejércitos ocupantes y la devolución plena y pronta de esa nación y de su patrimonio a los iraquíes. Sin tales medidas, las afirmaciones de Bush sólo son un desplante de cinismo y, sobre todo, un poco eficaz intento de aplicar un bálsamo electorero a la irritada opinión pública estadunidense

Prof. Manuel Terrazas Guerrero
Presidente del MOMPADE



AGUDA CRISIS HUMANITARIA EN COMUNIDAD INDÍGENA,Colombia

La situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas asentadas a orillas de los ríos Opogadó, Napipi y Bojayá, afluentes del río Atrato, municipio de Bojayá del departamento del Chocó, se degrada con el pasar de las horas, ante los intensos combates que libran ?hace ya varias semanas- guerrilleros del 57 frente de las FARC y paramilitares del Bloque Elmer Cardes de las AUC en esos territorios, generando una aguda crisis humanitaria, alimenticia y de salud que acorrala a estos pueblos contra la muerte.

Nuestra gente está ¡¡¡sufriendo!!!: se presentan problemas de salud que amenazan con incrementarse, hambre, porque no hay suficiente comida y hacinamiento; en la comunidad de La Loma, todavía hay indígenas que están durmiendo en la orilla del río, sin ningún techo y sin toldillo. La mayoría de la población indígena desplazada está con mucho miedo y gran preocupación por sus comunidades y territorios donde dejaron todos sus bienes, sus cultivos y animales.

Toda esta situación afecta negativamente el tejido social y la estabilidad cultural de nuestras comunidades. En este momento se tiene el temor de más desplazamiento de comunidades indígenas?, denunció la Organización Regional Embera Wounan, (OREWA).

La presencia de estos grupos ha traído continuas amenazas, presiones e intimidación y el desplazamiento actual de las comunidades Indígenas que están en el río Opogadó: Unión Bakiaza, Playita y Egoroquera, con una población desplazada de 570 personas, que están ubicados en este momento en las comunidades negras de Boca de Opogadó y Puerto Antioquia, en el río Atrato; y por el río Bojayá las comunidades indígenas de Unión Cuiti y Hoja Blanca, con una población de 655 indígenas desplazados, ubicada en el poblado de comunidades negras La Loma de Bojayá.

Es por esto que las organizaciones sociales hacen un llamado desesperado al gobierno departamental y nacional para que tome las necesarias y oportunas medidas de protección para estos pueblos, ?lo cual implica superar la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares, que viene siendo muy evidente en las bocas del río Opogadó?.

De igual forma, a la Red de Solidaridad Social, ICBF y Dasalud le solicitaron incrementen y agilicen ?en coordinación con las autoridades indígenas- la ayuda para atender a las comunidades indígenas desplazadas y garanticen satisfacer todas las necesidades que en este momento tienen, entre ellas: brigadas de salud, alimentación permanente y suficiente, espacios adecuados de vivienda provisional, frazadas, elementos de cocina, toldillos, y demás.

Actualidad Étnica, Bojayá-Chocó-Colombia.

INDEFENSION ABORIGEN EN SALTA
En Río Blanco, Salta, desalojaron a 30 familias aborígenes. La Pastoral Social frenó las expulsiones, pero no hay solución.

A la vera de la ruta nacional 50, en Río Blanco, Salta, desde hace un mes viven a la intemperie 30 familias de la comunidad aborigen kolla-guaraní que fueron desalojadas de sus tierras ancestrales. Están a pocos metros de sus propios campos sembrados y sus animales, pero no pueden entrar. La policía levantó un portón donde antes pasaba una calle comunitaria. Previamente, se ocupó de llevarse sus muebles, sus herramientas y hasta la cosecha. La gente no tiene qué comer, soporta lluvias constantes, tres chicos enfermaron de neumonía y todos de conjuntivitis. A esto se suma una situación paradójica y agravante: "adentro" de las 500 hectáreas quedaron otras 40 familias gracias a que la Pastoral Social logró frenar las expulsiones. El problema es que si salen no pueden volver a ingresar. Juntando peso por peso, una pequeña delegación viajó a Buenos Aires "para pedir justicia".
El 2 de marzo a las ocho de la mañana golpearon fuerte la puerta de la casa de Estela Miranda. "Tiene que sacar sus cosas, llegó la hora del desalojo", le advirtió un juez de paz. Tardó unos segundos en reaccionar. Cuando miró alrededor vio dos camiones de policía, otro con agentes de civil "y una mujer con una máquina de escribir". "Mi mamá, que tiene 72 años, me decía que me escondiera. Yo no hice nada malo, le contesté. Le pedí que se quedara ahí con mis dos hijos, puse un candado y me fui a buscar un abogado a Orán. Cuando volví, la policía había roto la puerta con un hacha y se habían llevado todo, sólo unas prendas dejaron", repasa Estela, de pómulos marcados y manchados. Ella fue la primera expulsada.
A la altura del kilómetro 31 de la Ruta 50, en Río Blanco Banda Norte, Orán, vive desde hace 24 años una comunidad que reúne a varias etnias desterradas. Hay kollas, guaraníes, wichis y criollos, muchos de ellos desalojados con anterioridad de Abra Grande por el ingenio azucarero El Tabacal. Con los años quedaron confinados a 500 hectáreas. Son setenta familias, con un promedio de seis hijos cada una. Allí no sólo tienen sus viviendas, de madera y chapa la mayoría, sino que cultivan maíz, maní, zapallo, frutas y crían gansos, chanchos y gallinas. "De eso vivimos. Pero perdimos todo. Ahora se están muriendo los animales y está en riesgo nuestro puesto en la feria", solloza Estela.
Simón Villalobos, 47 años, recuerda ver pasar por delante de su nariz una camioneta con sus herramientas, sus zapallitos y sus muebles. "Después vinieron las topadoras a derribar las casas", revive. "Estoy desesperado", dice al hablar de sus diez hijos. "Yo no cobro un salario, no cobro planes Jefas y Jefes ni los pido, vivo de la plantación, sólo quiero que respeten lo que es mío", reclama. Ahora que está en Capital se le sumó una preocupación: los que quedaron en Salta están sufriendo amenazas.
El desalojo fue ordenado por la jueza Cristina del Valle Barbará de Morales, hija del intendente de Orán. Fue sorpresivo para la comunidad, que no recibió ninguna notificación previa, una irregularidad señalada por el abogado Hernán Mascietti en un recurso de amparo. Los aborígenes fueron echados casa por casa en distintos días seguidos. Cada familia que perdía su techo se instalaba al costado del camino, en el barro. Ahí quedaron, con sus carpas improvisadas, de palos y nylon, cocinando bajo incesantes tormentas cuando alguna mano solidaria les acerca alimento y enfrentando pestes. Todos los niños contrajeron conjuntivitis, y un grupo, enfermedades pulmonares, además de picaduras e infecciones. Recibieron atención médica sólo una vez. Mientras tanto intentan curaciones con yuyos.
Al quinto día de las expulsiones, los curas de la Parroquia San José y el obispo de Orán lograron frenar el operativo y las demoliciones después de entrevistarse con la j ueza. Pero la policía, con sus armas a la vista, mantiene un cordón que impide el reingreso de los que están afuera, que se quedan en la ruta para no perder chances de reclamo. Los que están adentro no salen porque no los dejan volver. Sus chicos no pueden ir a la escuela. "Están prisioneros", se lamenta el padre José Auletta, que llegó de Italia hace 27 años. Junto con otros curas de la Pastoral Aborigen y con un equipo de Cáritas se turnan para ir a ayudar a las familias afectadas. "Sentimos mucha impotencia. ¿Cómo puede ser que los jueces ignoren el derecho indígena? Es la Constitución la que reconoce a los aborígenes como antiguos y actuales dueños de las tierras. Salta es el reino del latifundio, que condena a la pobreza", dice Auletta.
Por las trabas que encontraron para consultar la causa, los desalojados aún no tienen en claro quién busca despojarlos esta vez. Las tierras en pugna pasaron por sucesivos autoproclamados propietarios, interesados en cobrar arriendo. Estela recuerda, por ejemplo, a la familia Newbery. "Había un hombre, Jost Newbery, sobrino del aviador, que solía pasearse armado y amenazarnos", dice. La empresa que actualmente reclamaría vaciar las tierras es Río Zenta SRL. "Esa es la firma que las compró el año pasado a otra (Higamar) que había ido a remate según nos dijo la jueza", apunta el padre Auletta. "En Orán -agrega- se comenta que estaría vinculada con Seabord Corporation, propietaria del ingenio El Tabacal, que adquirió más de un millón de hectáreas en Salta y generó otros desalojos."
Siete miembros de la comunidad kolla-guaraní son los que lograron llegar a Buenos Aires, un poco a dedo, un poco en tren. "Venimos a denunciar la violación de nuestros derechos", decía la nota a mano que entregaron en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Allí mostraron imágenes en video del desalojo. "No buscamos ayuda, buscamos justicia", repite Estela, aferrada a un rosario. La semana pasada la Defensoría envió representantes a Salta, al evaluar la denuncia como "un hecho de gravedad", per o aún no dicen qué harán. La Secretaría de Derechos Humanos también elabora un informe.
El abogado Mascietti pidió el viernes ante la jueza una medida autosatisfactiva para que dejen a la gente volver a sus posesiones, o al menos trabajar. Ese día Mónica Rolón, de Cáritas, volvió a su casa shockeada luego de visitar el campamento y contó: "Una abuela que quedó a cargo de sus nietos en la ruta lloraba porque ya no tiene monedas para mandarlos a la escuela, a 15 kilómetros. Imploraba que la dejen cosechar sus choclos antes de Pascua, si no se pondrán feos y nadie los comprará".


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